Esta reforma propone modificaciones a la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor para fortalecer la protección de derechos de consumidores y usuarios en Ecuador. Afecta principalmente a proveedores de bienes y servicios, así como a instituciones reguladoras de consumo. Su impacto principal sería mejorar los mecanismos de defensa del consumidor y establecer nuevas obligaciones para comerciantes y empresas en relaciones comerciales.