Esta reforma propone reducir el requisito poblacional para crear nuevos cantones en zonas fronterizas y amazónicas ecuatorianas, flexibilizando los criterios del COOTAD. Afecta principalmente a gobiernos locales y comunidades de estas regiones que buscan autonomía territorial. Su impacto sería facilitar la descentralización administrativa en territorios geográficamente dispersos y con baja densidad poblacional.