Este proyecto propone reformar la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código Orgánico del Trabajo para establecer el 5 de agosto de 1820 como fecha cívica nacional obligatoria. Afectaría a servidores públicos y trabajadores privados, quienes gozarían de este día como feriado. Su impacto principal sería reconocer institucionalmente la independencia de Guayaquil, generando consecuencias laborales y administrativas en la gestión pública y privada.