Este proyecto reforma la Ley de Garantías Jurisdiccionales para fortalecer los mecanismos de protección de derechos constitucionales. Afecta a ciudadanos, jueces y órganos de control que intervienen en procesos de amparo, hábeas corpus y otras garantías. Su impacto principal sería mejorar la efectividad y celeridad en la defensa de derechos fundamentales ante violaciones del Estado o terceros.