Este proyecto reformatoria fortalece la protección del consumidor ecuatoriano mediante mecanismos más rigurosos contra prácticas comerciales abusivas y amplía las facultades de sanción. Afecta principalmente a proveedores y empresas comerciales, obligándolos a cumplir estándares más exigentes en transparencia y atención. Su impacto principal es equilibrar la relación consumidor-proveedor y aumentar las garantías de protección en transacciones comerciales.