Este proyecto reforma la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, fortaleciendo mecanismos de prevención, investigación y sanción de estos delitos. Afecta directamente a víctimas de trata, migrantes vulnerables, autoridades de control y operadores de justicia. Su impacto principal sería mejorar la protección de derechos humanos y la persecución efectiva de redes delictivas en Ecuador.