Este proyecto reforma la Ley Orgánica de Acuicultura y Pesca para fortalecer la regulación del sector pesquero ecuatoriano. Afecta directamente a empresas acuícolas, pescadores artesanales e industriales, así como a consumidores locales. Su impacto principal sería mejorar la soberanía alimentaria y la sostenibilidad de los recursos marinos del país.