Esta reforma propone modificaciones al Código Orgánico Integral Penal para fortalecer la estructura del sistema de justicia ecuatoriano. Afecta principalmente a operadores judiciales, fiscales y al sistema penitenciario. Su impacto principal sería mejorar los procedimientos penales y la eficacia en la persecución de delitos, aunque los detalles específicos requieren análisis del texto completo del proyecto.