El proyecto propone establecer obligaciones de diligencia empresarial para que las empresas identifiquen, prevengan y remedien impactos negativos en derechos humanos, naturaleza y ambiente. Afectaría principalmente a empresas medianas y grandes, proveedores y cadenas de suministro. Su impacto principal sería fortalecer la responsabilidad corporativa y la protección ambiental mediante mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas empresarial.