El proyecto propone reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana para modificar regulaciones sobre migrantes y desplazados en Ecuador. Afecta directamente a personas migrantes, refugiados y sus familias, así como a instituciones estatales competentes. Su impacto principal sería reconfigurar derechos y obligaciones de extranjeros en territorio ecuatoriano, aunque fue negada su calificación inicial.