Este proyecto propone crear un marco legal para la protección y gestión de ecosistemas frágiles en Ecuador, estableciendo normas de conservación y regulaciones de uso en zonas vulnerables. Afecta principalmente a comunidades indígenas, agricultores, industrias extractivas y gobiernos locales que operan en áreas de alta biodiversidad. Su impacto principal sería limitar actividades económicas en ecosistemas sensibles para prevenir degradación ambiental y garantizar la sostenibilidad de estos territorios.