Este proyecto reformaría la Ley Orgánica de Personas con Discapacidad para fortalecer sus derechos a la salud integral y autonomía personal, alineándose con estándares internacionales y constitucionales. Afectaría principalmente a personas con discapacidad en Ecuador, mejorando su acceso a servicios de salud y capacidad de autodeterminación. Su impacto principal sería elevar el nivel de protección legal y garantías para este grupo vulnerable.