Este proyecto propone crear un marco legal integral para combatir la pobreza en Ecuador mediante políticas de redistribución de ingresos, acceso a servicios básicos y generación de empleo. Afecta principalmente a población vulnerable y requiere intervención estatal en educación, salud y economía. Su impacto principal sería reducir desigualdad mediante asignación de recursos públicos y programas de inclusión socioeconómica.