Esta reforma modifica la Ley de Propiedad Horizontal para fortalecer el registro de conjuntos habitacionales, mejorar la transparencia en la gestión administrativa de condominios y potenciar medidas de seguridad comunitaria. Afecta directamente a propietarios, administradores y juntas de propietarios de edificios y conjuntos residenciales. Su impacto principal es establecer controles más rigurosos sobre la administración de propiedades compartidas y elevar los estándares de seguridad en espacios comunes.