Propone reformar el artículo 9 de la Ley Orgánica de Servicio Público para establecer inhabilidad especial en servidores públicos que incurran en mora laboral. Afecta directamente a empleados públicos y entidades del sector público ecuatoriano. Su impacto principal sería fortalecer mecanismos disciplinarios e inhabilitaciones para funcionarios con deudas laborales pendientes.