Propone reformas a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes para fortalecer mecanismos de prevención, investigación y sanción de estos delitos. Afecta a víctimas de trata y tráfico, autoridades de control, y potenciales infractores. Su impacto principal sería intensificar la persecución penal y protección de víctimas en Ecuador.