Este proyecto propone fortalecer la seguridad ciudadana mediante medidas que afectarían directamente a ciudadanía, fuerzas del orden y sistemas de justicia penal. Su impacto principal buscaría mejorar la convivencia pacífica y reducir delincuencia, aunque requiere análisis detallado de los mecanismos específicos propuestos para evaluar efectividad y constitucionalidad.