Este proyecto restituye el control previo de legalidad obligatorio para actos y contratos estatales, responsabilidad que retorna a la Procuraduría General del Estado. Afecta principalmente a instituciones públicas y sus operaciones administrativas y contractuales. Su impacto principal es fortalecer el control preventivo de ilegalidad antes de ejecutar actos públicos, reduciendo riesgos legales y fiscales al Estado.