Reforma del Código Orgánico Integral Penal para fortalecer sanciones y mecanismos de investigación contra la trata de personas y explotación sexual infantil. Afecta a operadores de justicia, instituciones de protección y potenciales infractores. Su impacto principal es ampliar herramientas legales para perseguir estos delitos y garantizar mayor protección a menores vulnerables.