Este proyecto reformaría la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes, fortaleciendo mecanismos legales y procedimientos de persecución delictiva. Afectaría principalmente a víctimas de trata y tráfico, autoridades judiciales y migrantes en situación vulnerable. Su impacto principal sería mejorar la protección legal y la efectividad en la investigación y sanción de estos delitos transnacionales.