Esta ley propone fortalecer la base de datos nacional de perfiles genéticos bajo control de la Fiscalía General del Estado. Afecta a ciudadanos ecuatorianos y procesados penales cuyo material genético puede ser registrado. Su impacto principal sería mejorar la capacidad investigativa en delitos y la identificación de personas, aunque requiere garantías sobre privacidad y derechos fundamentales.